Existe un añejo conflicto en Oaxaca. Los medios de comunicación, analistas y políticos nos lo explican como la confrontación entre dos fuerzas: la CNTE, en representación del profesorado disidente que se resiste al cambio, y el gobierno federal empeñado en sacar adelante la reforma educativa.
La cierto es que los ciudadanos comunes, por más que nos esforcemos, no sabemos bien lo que sucede en la tierra del mezcal. Sólo se escuchan las voces de los políticos –oficiales o magisteriales–, las cuales monopolizan la atención de los medios, dicen encarnar los legítimos intereses de los mexicanos y exigen el diálogo, mientras utilizan un lenguaje intimidante, descalificador y violento con el cual profundizan la división y alimentan la especulación.
Ante la escalada de confrontaciones, finalmente decidieron reunirse a “dialogar” en la Secretaría de Gobernación, sin que los ciudadanos comunes nos enteremos de mayor cosa. Estamos, una vez más, ante la prepotencia de los políticos en cualquiera de sus presentaciones, oficiales o populares, quienes parecen más interesados en administrar un añejo conflicto que en procurar su solución.
Por lo anterior, es importante alzar la vista y darnos cuenta que los principales afectados en esta confrontación son la gente común, a quien ambos pugilistas dicen defender. Es buen momento para aguzar el oído y atender esas otras voces que los medios no parecen tomar mucho en cuenta, no menos protagonistas de esta añeja historia. Palabras de ciudadanos ordinarios, con capacidad de expresar necesidades, que han hablado a través de cuatro comunicados.
Primero. Se han expresado con fuerza los franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio, quienes, fieles a su carisma y misión, se han pronunciado por la paz en fidelidad al Evangelio de Jesucristo, pues, “de no hacerlo, seríamos cómplices de la violencia que tanto dolor genera en nuestros pueblos”. A los gobiernos estatal y federal les recuerdan su obligación de proteger la vida y seguridad de la gente, así como la imperiosa necesidad de renunciar a la violencia, en beneficio del diálogo. Y a “nuestro pueblo”, le piden no caer en provocaciones, discernir el camino que lleve a soluciones no violentas y le recuerdan que cuentan con la solidaridad nacional e internacional.
Los obispos, a su vez, se expresaron en sendos comunicados. Primero (no los pongo en orden cronológico), el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, identifica la violencia, la injusticia, la corrupción y la impunidad como la raíz de los problemas en Oaxaca, ante lo cual es necesario construir una nueva cultura de justicia a través de palabras, sentimientos y acciones para la paz, enraizados en lo más noble de la cultura de los oaxaqueños.
En otro comunicado, los obispos se expresan como colegio apostólico de la Provincia Eclesiástica de Oaxaca (Antequera, Tehuantepec, Puerto Escondido, Mixes, Huautla y Tuxtepec). Denuncian la violencia que sólo ha dejado saqueos, vandalismo, heridos, muertos, gente sin trabajo, enfermos sin atender, en fin, una situación de incertidumbre en la cual no hay buenos y malos, sino responsabilidades compartidas. En consecuencia, piden un diálogo abierto, capaz de articular acuerdos “claros y sustantivos”, de modo que un Comité Ciudadano les pueda dar seguimiento.
Un cuarto comunicado está firmado por un “Consejo por la Reconciliación y la Paz en Oaxaca”, formado por diversos miembros de la sociedad civil, quienes dirigen una petición a los gobiernos federal y local, así como a la CNTE. Al tiempo de llamar a la ciudadanía a una reflexión para salir de la pasividad, piden un diálogo entre las partes, abierto y de cara a la sociedad. Justo lo que no está sucediendo.
Estas voces tienen en común: uno, ser expresión legítima de una ciudadanía dispuesta a rescatar Oaxaca; dos, advertir a gobernantes y profesores que, si bien son actores del conflicto, no son la única voz, ni los únicos afectados; tres, llamar a la razón mediante el diálogo; y cuatro, entender la imperiosa necesidad de transferir la autoridad de los políticos, a la sociedad civil.
Ante la existencia de voces ciudadanas que marcan un camino cierto, razonable, en atención al bien común, sólo me queda preguntar, ¿por qué los políticos –oficiales y magisteriales– le tienen tanto miedo a los simples ciudadanos? Si usted tiene la respuesta, le pido que me ayude a entender.
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