Ocho años después de las masacres contra los cristianos que sacudieron el estado indio de Orissa, y que iniciaron el 25 de agosto de 2008, las víctimas aún no han obtenido justicia, dijo a la Agencia Fides John Dayal, un intelectual católico indio, ex presidente nacional de la “All India Catholic Union”.
“La reciente muerte del arzobispo emérito Raphael Cheenath, pastor en Orissa, coincide con los días en que recordamos el martirio del grupo más grande de cristianos en India desde hace muchos siglos”, señaló.
La Iglesia Católica de la India, por su parte, desde el año pasado, el 30 de agosto celebra el “Día de los Mártires” y tiene la intención de iniciar la causa de beatificación para reconocer el martirio de las víctimas.
“En una ola de violencia dirigida contra los dalits y las comunidades tribales en el distrito de Kandhamal, los militantes fundamentalistas hindúes penetraron tierra adentro, matando indiscriminadamente. Explotaron la impunidad garantizada por el Estado y la posible complicidad de la policía y de otros organismos del gobierno. El difunto Arzobispo luchó por la justicia durante su vida, pero muchos crímenes aún requieren de más investigación. La búsqueda de justicia continúa”, recuerda Dayal.
El 25 de agosto de 2008, la violencia contra la comunidad cristiana de Kandhamal provocó la muerte de unos 100 cristianos, aunque el gobierno da como cifras oficiales sólo 38 víctimas. Se estima que unos 5 mil 600 hogares fueron saqueados y quemados, mientras que cerca de 300 iglesias y otros lugares de culto fueron destruidos. Más de 50 mil fieles huyeron hacia el bosque y comenzaron una vida de refugiados para sobrevivir a la limpieza étnica.
Muchos de los supervivientes a la violencia aún no han recibido justicia. El 2 de agosto el Tribunal Supremo de la India ordenó al gobierno del estado de Orissa reexaminar 315 casos de violencia, se trata de casos que han sido denunciados a la policía, pero que nunca han sido investigados adecuadamente.
La ONG Christian Solidarity Worldwide, en una nota enviada a la Agencia Fides, afirma: “La decisión del Tribunal Supremo de reabrir 315 casos es un primer paso: pedimos al gobierno estatal y federal que garantice que los autores de esos crímenes serán detenidos y pagarán por sus acciones. Lo que ocurrió en Kandhamal no debe ser olvidado; continuaremos persistiendo en nuestra petición de que se afronten las injusticias”.
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