En algunos medios periodísticos y políticos se alzan voces exigiendo que caiga la guillotina del poder del Estado contra la Iglesia, es decir, contra los católicos, bajo el supuesto de una violación al Estado laico por una indebida intervención en asuntos de interés público. Piden la cabeza de los obispos en bandeja de plata, cuando en realidad quieren callar las voces de los ciudadanos católicos que les son molestas.
Las formas de expresar la demanda son diversas, unas más descolocadas que otras, pero coinciden en pedir la intervención del Estado para reprimir a una parte importante de la ciudadanía. Exigen la cancelación de la libertad de expresión, asociación y religión de los ciudadanos católicos. El pretexto de ocasión es el debate en curso sobre la iniciativa presidencial en torno al llamado “matrimonio igualitario”, pero es tan sólo un pretexto. Siempre demandan lo mismo, por razones muy distintas, escudados en una supuesta defensa del Estado laico. Esos políticos, analistas, periodistas y académicos harían bien en serenar sus ánimos. Sería bueno considerar lo siguiente.
1.- México es una sociedad diversa y plural (¡bendito sea Dios!), en la cual los cristianos de distintas iglesias y confesiones somos ciudadanos de pleno derecho, sin excepción y sin regateos. Si hoy exigen al Estado reprimir a los católicos; mañana lo pedirán para los evangélicos y pasado mañana para cualquiera que no coincida con sus posiciones.
2.- El Estado laico bajo régimen democrático, si realmente es laico no puede ser antirreligioso. Por el contrario, debe garantizar la libre expresión de los ciudadanos, por lo que su condición de existencia radica en un régimen generoso de libertad religiosa. Ésta es un derecho humano que cobija por igual a los ateos, agnósticos y creyentes. Jamás se debe entender como concesión del Estado.
3.- Necesitamos un Estado laico porque la sociedad no es laica, sino diversa y plural. Entre sus múltiples y muy legítimas expresiones se encuentran las religiones, las cuales ocupan un lugar muy importante. El Estado debe garantizar la libertad de todas las expresiones, sin excluir a nadie, para armonizar intereses en pos del bien común. Callar estas voces es lastimar a la sociedad misma. Exigir su represión es tocar los dinteles del autoritarismo.
4.- La Iglesia y el Estado se independizaron uno del otro en virtud de las reformas de Benito Juárez (¡qué Dios tenga en su gloria!). Desde entonces, los católicos pasamos a formar parte integral de la sociedad civil. La verdad, nos sentimos cómodos y felices de ser parte de la ciudadanía, alegría compartida con nuestros pastores y obispos y, me consta, con nuestros demás hermanos en Cristo.
5.- En México, cuando el Estado revolucionario pretendió ejercer un control directo sobre la Iglesia; es decir, sobre los católicos, desató una cruenta persecución religiosa que duró 24 años (1914-1938), la cual no debe reducirse a la rebelión defensiva de campesinos del centro occidente del país que hoy conocemos como Cristiada. A esa violencia le siguió una persecución de baja intensidad que no ha terminado, como podemos observar. Quienes hoy exigen la represión del Estado son apologetas de la persecución abierta y de baja intensidad, cuyas fronteras siempre son difusas porque son complementarias.
6.- En un Estado laico con pretensiones democráticas, como el nuestro, los ciudadanos somos libres de participar en los asuntos públicos de nuestro interés, es decir, de participar en la vida de la república, sin restricciones. Exigir que se callen los que no agradan es atentar contra la democracia de manera directa e inequívoca. No se puede, por un lado, defender la democracia y el Estado laico mientras, por otro, se exige que los ciudadanos sean reprimidos por manifestarse en libertad.
7.- Para caminar juntos a una vida republicana y democrática sana es necesario recordar un sencillo silogismo. En una democracia los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida pública (república) acorde a sus propias convicciones y sin restricción alguna; los cristianos, todos, son ciudadanos de pleno derecho; por lo tanto, los cristianos, todos, tienen derecho a participar de la vida pública (república) acorde a sus propias convicciones y sin restricción alguna.
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