Después de las marchas multitudinarias en defensa de la familia que se realizaron en septiembre pasado, la sociedad mexicana comenzó un sorprendente movimiento que no sólo se quedó en la manifestación pública, sino también en la organización y lucha por el respeto de la célula fundamental de la sociedad y la observancia de los derechos humanos.
La formación del movimiento cívico que aglutina al Frente Nacional por la Familia (FNF) y la Unión Nacional Cristiana por la Familia (UNCF) tiene por objetivo el fomento del diálogo entre los distintos actores políticos y sociales, a fin de desistir de los aspectos que atentan contra el Matrimonio y la integridad de la familia; uno de los propósitos es el encuentro con el Presidente de la República quien, cuya propuesta para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental, causó una enorme inconformidad social.
Desde la presentación de las iniciativas presidenciales en el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, el clima se tensó. Mientras se insistió en que la defensa por la familia no era incitar al odio, algunos pensaron que era mejor desorientar a través de argumentaciones infundadas, acusando a los padres de familia y a la Iglesia de provocar homofobia y deseos de revancha. Lo peor salió cuando, en una desafortunada jugada, la comunidad LGBT quiso embestir mediáticamente, arremetiendo contra el clero con listas de escarnio que desinflaron sus protestas y los dividió profundamente; por otro lado, algunos más acusaron de fanatismo e ignorancia, apilando la leña de la hoguera sin posibilidad alguna de argumentos racionales y equilibrados. Las lecciones de las marchas de septiembre deberían arrojar, como primeros frutos, la construcción del diálogo en orden a la cultura de la paz, respeto y tolerancia.
Sin embargo, una de las partes parece no escuchar el justo clamor social que cimbró a la Ciudad de México y al país entero. La prueba fueron las más de 596 mil firmas de ciudadanos que el FNF entregó el 18 de octubre a la Cámara de Diputados, instancia parlamentaria donde reposan, y parece ser sin mayor vigor y respaldo, las dos infortunadas iniciativas condenadas al fracaso legislativo. Justo es reconocer que la Cámara baja abrió sus puertas al naciente movimiento cívico donde se escuchó el rechazo de estas políticas que pretenden desmantelar el Matrimonio y la familia.
Ahora debemos esperar la apertura política del Ejecutivo de la Unión para sentarse a la mesa con los organizadores de las marchas en favor de la familia, escucharlos y atender sus razones, que son las de la sociedad mexicana que sigue teniendo en un alto valor a la familia y los valores antropológicos, éticos y morales que la conforman. Lo menos que se espera del Presidente es que tenga la misma apertura que tuvo con la comunidad LGBT en un acto que, por cierto, parecía haber ganado la simpatía del electorado, pero que al final fue contraproducente, pues no hay duda que se pagó un costo electoral.
El 24 de septiembre de 2016 la ciudadanía despertó, no por motivos exclusivamente religiosos e ideológicos, sino por la auténtica necesidad y reconocimiento del Matrimonio y la familia como esenciales para la construcción de la sociedad donde se finquen la paz, la cultura de la tolerancia y respeto. Más de 500 mil firmas no son emblema del triunfo ni de revanchismo, más bien es el reclamo por volver la vista a instituciones en el debate cultural de la posmodernidad, porque en la familia “nacen los ciudadanos y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes sociales que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma”.
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