En México se acentúan profundas brechas de desigualdad e injusticia, poniendo en tela de juicio esas reformas estructurales que están “haciendo agua”.
El despegue de la presente administración prometió cambios profundos y poner al país en movimiento. Mientras se consumó el Pacto por México, la clase política renovó sus promesas para consolidar los esfuerzos de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el sistema democrático y la participación ciudadana; en suma, era el arranque de los cambios para la prosperidad.
El gobierno actual, usando las mayorías parlamentarias y los acuerdos tácitos con la oposición, logró un cúmulo de reformas que motivaron los discursos más triunfalistas y atronadores: impulso en todos los niveles, bajas en los precios, inusitado poder adquisitivo, mejoramiento del salario y, sobre todo, promesas de desarrollo para acabar con la violencia, cuya causa, en gran medida, tiene su origen en la pobreza y en falta de oportunidades.
Sin embargo, la realidad es distinta y apabullante. Grandilocuentes justificaciones que hacen a México “un lugar atractivo para invertir”, contrastan con el crecimiento de la pobreza entre 2012 y 2014, al pasar de 53.3 millones de personas a 55.3 millones. Los salarios se han encarecido; hay un bajo crecimiento económico que no supera el 2 por ciento anual; la divisa estadunidense está arrasando con la apreciación de nuestra moneda, pues cuando al inicio del presente gobierno un dólar valía 12.96 pesos, hoy alcanza los 19 pesos.
El 2016 es año del calvario para los mexicanos
Se estrangula a millones de consumidores con nuevas alzas en los combustibles y tarifas eléctricas, poniendo en duda si realmente la reforma energética está corriendo por los caminos adecuados. Hay inestabilidad social por la Reforma Educativa y la promesa presidencial para que “las ciudades, los pueblos, las carreteras, vuelvan a ser espacios de tranquilidad en los cuales los mexicanos transiten con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida”, queda en pura retórica populista.
Los recortes presupuestales amenazan la efectividad de las políticas públicas. En 2016, la política de desarrollo social sufrió disminución de recursos debido a la fusión de programas, perjudicando así a los más pobres. El cinismo no puede ser más descarado cuando los responsables de estas políticas menosprecian informes de organismos internacionales sobre la pobreza rampante, aseverando que se puede vivir holgadamente con 12 pesos diarios, es decir, poco más de 300 pesos mensuales.
El Presupuesto de Egresos para el año 2017 ya no debería amparar lujos irresponsables y salarios indecentes de burócratas que le han fallado al pueblo de México. No se puede seguir sosteniendo a partidos políticos que disfrutan del gasto público millonario; esto raya en la obscenidad al estar hundidos en los círculos más profundos de desconfianza y desprecio entre los mexicanos. Ya no se pueden soportar dietas y emolumentos del Poder Legislativo y de organismos autónomos empeñados en los lujos, prebendas y canonjías. No es justo conceder prestaciones y compensaciones multimillonarias a once ministros del Poder Judicial apoltronados y envueltos en carísimas togas de seda de más de medio millón de pesos, que encubren su pragmatismo y favoritismo por ideologías que dinamitan instituciones del Derecho, vulnerando preciadísimos valores sociales como el Matrimonio entre un hombre y una mujer, la protección de la familia o el respeto a la vida de los niños en el seno materno.
El Papa Francisco reprueba la economía sin rostro humano y denuncia los sistemas neoliberales injustos y corruptos. En febrero pasado, en Palacio Nacional, el Santo Padre dijo a las autoridades, diplomáticos y sociedad civil: “Les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz”, pero en México se acentúan profundas brechas de desigualdad e injusticia, poniendo en tela de juicio esas reformas estructurales que están “haciendo agua”.
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