De nuevo, otro atropello agraviando a la ciudadanía, vulnerando el diálogo, de espaldas al debate y a la reflexión, tan necesarios en el sistema democrático de Estados, sin duda, fallidos, sumidos y agobiados por la corrupción y la arbitrariedad.
En días recientes, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en colusión con el Legislativo, promulgó cambios al artículo 120 de la Constitución local para introducir la “unión voluntaria de dos personas”, reconociendo el mal llamado “matrimonio entre personas del mismo sexo” avalado bajo procedimientos legislativos ilegales y opacos, teniendo como origen la iniciativa del gobernador de extracción perredista Graco Ramírez para reformar la mencionada disposición de la Constitución Política y otras más del Código Familiar y del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Tal como ocurrió, en su momento, en la Ciudad de México con la legalización del aborto por parte de este mismo partido, el proceso de aprobación de las reformas en Morelos es un vergonzoso ejemplo de trampas y chapucerías políticas que abofetean al pueblo: primero, el Ejecutivo estatal, carente de autoridad para manifestar opiniones de tolerancia o defensa de la libertad, presentó en agosto de 2015 la iniciativa de modificaciones constitucionales ante el Congreso de mayoría perredista. Segundo, la discusión en el Poder Legislativo estatal se valió de desaseados procedimientos, más propios de camarillas, mafias y pandillas, que de representantes populares cuando, sin mediar dictamen y discusión en las comisiones, el PRD pidió la resolución del asunto como de urgente y obvia resolución. Tercero, el proceso de validación del Constituyente Permanente se valió de ficciones jurídicas que no avalan, necesariamente, la voluntad del pueblo morelense. Al pasar a la ratificación de los ayuntamientos, el Congreso del Estado recibió el voto positivo de doce municipios contra quince. No obstante, la clara oposición, se echó mano de una ridícula positiva ficta (suponiendo la conformidad) para avalar cambios a la norma fundamental estatal por lo que, sin mediar discusión favorable o desechatoria, se aplicó la figura a cinco municipios, entre ellos, el de Cuernavaca, aprobando la controvertida norma por el voto de 17 ayuntamientos. Cuarto, la publicación inmediata de las reformas como victoria infectada de ilegitimidad aunque quiera dársele validez por pírricos tuits que alaban la supuesta pluralidad que nunca se manifestó en las discusiones legislativas.
Desde luego que la sociedad reaccionó contra la arbitrariedad. El pasado fin de semana más de 15 mil morelenses, no acarreados ni amenazados por el poder político, marcharon para manifestar lo que representó la verdadera aprobación de la ciudadanía: la defensa de las instituciones del derecho familiar y sus valores. Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca –y perseguido político del gobernador perredista Graco– como cualquier ciudadano, se unió al repudio popular exhibiendo la indecencia y chicanadas legislativas, lamentándose de esta forma: “El plazo para cerrar la votación vencía hasta el 3 de julio, y lo cerraron antes de manera arbitraria, cuando aún faltaba que votara el municipio de Ocuituco. ¡Imagínense nada más la manipulación que hay en torno a esta cuestión! ¡Es una tristeza que se haya legislado a espaldas del pueblo!”.
La decadencia política y legislativa de Morelos es, por un lado, el reflejo de lo que la izquierda sufre y padece a nivel nacional; la otra cara de la moneda es el repudio de la mayoría ante iniciativas impopulares, como también lo es la presentada por el Presidente de la República a nivel federal sobre uniones homosexuales. Es lamentable cómo se quiere ver a la ciudadanía, como si fuera menor de edad, dándole la espalda, negando su derecho de consulta y opinión. Es la izquierda hipócrita y convenenciera que, en los hechos, traiciona lo que dice defender.
Lamentablemente, el pueblo del Estado de Morelos no cuenta con la revocación de mandato para anular el poder político, que ya no ve por sus intereses y bien común; sin embargo, como se demostró el pasado 5 de junio, en la gente hay madurez cívica para revirar en las urnas y demostrar que no todo lo válido legalmente es lícito, moral y justo. Los votos serán la mejor medida para reprobar a los gobiernos traidores de la soberanía popular.
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