El pasado 27 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo pública la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. La información por entidad federativa permite conocer la opinión ciudadana sobre incidencia de delitos, fenómeno de victimización, percepción de seguridad y desempeño de las autoridades. Los resultados son preocupantes.
Según los datos de INEGI, en 2015, 23.3 millones de mexicanos fueron víctimas de hechos delincuenciales, y las cifras negras de delitos no denunciados fue de 93.7 por ciento a nivel nacional, mientras que en 2014 fue de 92.8 por ciento. Los delitos más frecuentes son el robo y asalto en vía pública, extorsión y fraude.
En determinadas zonas del país, la violencia se recrudece y parece incontenible. En esta semana, Chihuahua sufrió 17 homicidios en menos de 48 horas; Michoacán no parece tener tregua en la guerra contra la delincuencia organizada; Veracruz vio la desaparición y homicidio de dos sacerdotes sin dejar de lado las jornadas sangrientas contra la ciudadanía, y en Guanajuato, la inseguridad acabó con la aparente tranquilidad de las comunidades de la entidad; Tamaulipas tiene más de 4 mil 500 muertos por la violencia en un período de seis años, y Morelos no deja de ser impactado por el crimen y horror de fosas clandestinas. En las últimas tres décadas, tiempo que supone el estancamiento económico del país, más de 40 mil mujeres han muerto bajo circunstancias de demencial y tremenda violencia a nivel nacional. Lo inaudito es que en los delitos se involucran autoridades policiales.
En la Ciudad de México miles de capitalinos viven el mismo drama que en el resto del país. Según las autoridades capitalinas, en la Ciudad de México se reporta una perceptible baja en el índice de delitos, y no hay “repunte de la violencia”; sin embargo, la ciudadanía, gracias a los nuevos instrumentos de denuncia generados por las redes sociales, dice lo contrario. Todos los días, por lo menos un ciudadano reporta cómo fue despojado de su patrimonio en un asalto grave, a plena luz del día y en hora pico, generalmente por bandas bien estructuradas; en la semana, no hay espacio que no esté ocupado por la denuncia de homicidios y feminicidios en zonas marginadas del Valle de México; levantones y secuestros exprés contra pequeños empresarios o llamadas telefónicas de sujetos que amenazan con acabar con la vida de seres queridos si no se cumple con un depósito inmediato de efectivo; colonias y barrios viven asolados por el narcomenudeo y ausencia de ley, y en algunas delegaciones crecen las agresiones contra niñas y mujeres.
La seguridad se convierte en botín cuando las autoridades hacen la política de “no veo, no oigo y no hablo”. Efectivamente, asirse de endebles argumentos afirmando “el falso repunte de la violencia” indica el empecinamiento por fortalecer popularidades ante eventuales candidaturas, aunque la casa esté en llamas y disimulen el agobio de miles de ciudadanos sin tregua de paz que les garantice el regreso seguro a casa y sin amenazas de delitos. Inseguridad y violencia, sea en la capital o en el resto del país, son reflejo de la corrupción, el empobrecimiento, la falta de competitividad y la carencia de oportunidades. No es cosa de “cifras blancas” o “cifras negras”, quien hace oídos sordos al clamor evidente de la ciudadanía pone a la seguridad pública en punto muerto y también su futuro ante cualquier candidatura y aspiración política.
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