La presentación en Roma de un libro reaviva la exigencia de justicia en el violento asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, perpetrado en 1993
México tiene una herida abierta. Todavía está pendiente la verdad sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Una exigencia de justicia que permanece, aunque hayan pasado 21 años. Ese reclamo llegó hasta Roma, con un mensaje directo para el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto: “Esclarecer el asesinato serviría para dar confianza a una nación presa del miedo y la impunidad”. Una oportunidad histórica.
El 23 de mayo de 1993, el entonces arzobispo de Guadalajara fue acribillado con 14 balazos mientras se encontraba en el estacionamiento del aeropuerto local. Un asesinato cometido a plena luz del día y con decenas de testigos. Pese a las públicas características del crimen y las numerosas pruebas a disposición, hasta ahora nadie ha sido condenado por él.
El recuerdo de aquel magnicidio centró, la tarde del 20 de mayo, la presentación en Roma del libro “Los Chacales. Expedientes abiertos de la mafia que ordenó el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas” en su edición italiana. Un texto escrito por el abogado Jesús Becerra Pedrote.
“Se trató del injusto asesinato de un hombre de la Iglesia, un hombre de bien”, afirmó el actual arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), José Francisco Robles Ortega, durante la conferencia que tuvo lugar en la basílica de San Bartolomé. Un templo sugestivo, dedicado a los mártires del siglo XX.
Justo en ese templo, en una capilla con reliquias de hombres y mujeres de la Iglesia asesinados en las últimas décadas en el Continente Americano, se encuentra un báculo que perteneció al cardenal Posadas y donado hace unos años por el anterior arzobispo tapatío, Juan Sandoval Iñiguez.
“Nosotros como pueblo no estamos tranquilos al no conocer la verdad de este hecho. No nos mueve deseo alguno de venganza, lo que menos necesitamos en este momento en nuestro país es la venganza. Nos mueve únicamente el deseo de vivir en paz, vivir hermanados, pero en base a la verdad y en base a la justicia. Nos urge saber la verdad, no para vengarnos, sino para que nuestra pacificación y nuestra fraternidad tengan el sólido sustento de la verdad y la justicia”, indicó Robles Ortega.
Consideró además a Posadas como un hombre mártir, aunque no se diga explícitamente que su asesinato fue por odio a la fe. No obstante, insistió que su memoria no puede ser venerada oficialmente como la de un santo, porque falta el pronunciamiento explícito de la Iglesia.
Reconoció que existe “la intención” y “el deseo” de iniciar un proceso formal para su beatificación, pero anticipó que eso se llevaría a cabo en un segundo momento.
“Ahora estamos ocupados en que se esclarezca el crimen desde el punto de vista de la justicia. No queremos mezclar un proceso con el otro, podríamos incluso crear confusión. La gente de Guadalajara tiene la convicción de que el cardenal Posadas murió por el Evangelio y percibe que no se ha hecho justicia sobre su muerte”, añadió.
Durante la presentación, convocada por el movimiento católico Comunidad de San Egidio, Becerra Pedrote aseguró que, según diversas pistas, algunas personalidades del círculo directo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari habían estado involucradas en los hechos.
“El Cardenal Posadas se había parado de manera valiente ante ciertas políticas de Estado. De la investigación se desprende que militares, policías locales y federales, así como integrantes de los aparatos de inteligencia, estuvieron involucrados. Esta no es una investigación de la Iglesia, de los laicos o de los católicos, es una investigación de la autoridad judicial que permanece abierta, no por gusto de la misma autoridad, sino por la presión de muchos laicos que sabemos cómo fueron las cosas”, estableció.
Señaló que el presidente Peña Nieto “necesita la fuerza social y de la Iglesia para sacar adelante el país”, afectado por un grave problema de inseguridad. “Es su oportunidad de dar signos reales de buena fe que demuestren su voluntad por dejar atrás la cadena de impunidad”, apuntó.
Con él coincidió Fernando Guzmán, abogado que ha seguido el caso por años. Sostuvo que en los últimos tiempos se han registrado “avances importantísimos” en la investigación, pero que todavía no se han puesto en manos de los jueces.
“El procurador de la República debe consignar todas estas partes a la autoridad judicial, existen elementos para consignar a algunos de los responsables, y esto es tarea del nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que inyectaría confianza y oxígeno nuevo, hoy que tanto agobio hay por la situación de violencia e inseguridad en el país. Los elementos están, insistiremos en esa petición. Hay que ver si existe buena voluntad del gobierno”, advirtió.
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